El Ministerio de Vivienda español quiere que los gobiernos regionales aprueben las ayudas directas al alquiler para jóvenes y han anunciado que hasta que esto no se logre la medida no entrará en vigor, lo que estaba previsto ocurriría el día 1 de enero del 2008. En este caso va a significar que del dicho al hecho va a haber un gran trecho, ya que el consenso solicitado es por el momento inviable.

Desde la Comunidad de Madrid (CAM), ya se ha anunciado que no están de acuerdo con la iniciativa de la ministra Chacón y no piensan que esta sea la solución al problema del acceso a una vivienda para los ciudadanos con menos recursos de España.

Desde el País Vasco se sentencian que el tipo de medidas propuestas están radicalmente opuestas a la política de alquiler desplegada por su gobierno, argumentando ademas que la transferencia de dinero desatará a corto plazo un proceso inflacionista nocivo para los precios del alquiler. El gobierno vasco reclama que la partida presupuestaria prevista para las ayudas, que según sus cálculos ascendería a unos 19 millones de euros, les sea transferida para poder seguir reforzando sus dos vías principales de promoción del sector del alquiler, que son la ayuda a la promoción de vivienda social y al fomento de la incorporación de viviendas vacías al mercado de arrendamiento.

Del otro lado se encuentran la comunidad autónoma de Andalucía que ya había bendecido las ayudas al alquiler contenidas en el Plan de Vivienda vigente hasta ahora y seguirá la misma línea con las medidas propuestas por el por el Ejecutivo actual. Desde Castilla-La Mancha también se anuncia la suscripción de las propuestas del Ministerio de Vivienda e informan que trabajan ya en la gestión y optimización de los trámites de solicitud.

Las comunidades autónomas que han optado por no pronunciarse al respecto y esperan a un desenlace de los cruces de opiniones son entre otras Cataluña y la Comunidad Valenciana.