El proyecto de ley para el derecho a la vivienda propuesto por el Govern de la Generalitat ha sido declarado inconstitucional por el consejo consultivo, órgano jurídico no vinculante pero al que el gobierno catalán siempre escucha. La ley en cuestión otorgaba poderes a la administración que le permitia obligar a los propietarios de viviendas vacías a ponerlas en alquiler con el fin de hacer cumplir la función social para la que están diseñadas, servir de vivienda.

Esta medida pretendía ser implementada en aquellos lugares donde la demanda de vivienda fuera muy alta y permitía al Govern, una vez pasados dos años desde la primera advertencia, a expropiar la propiedad por un periodo de hasta cinco años con el fin proceder a su alquiler.

Desde el departamento de vivienda de la Generalitat se informó que se procedería a la reforma del texto con el fin de ajustarlo a los requisitos jurídicos necesarios para su aprobación.