Desde el Gobierno se ha impulsado la redacción de un informe que evalúa la situación actual en el litoral español con especial énfasis en las consecuencias y afecciones del actual desarrollo urbanístico. Este informe arroja un sombrío diagnóstico. En el se aborda a nivel de detalle las agresiones que ha sufrido el litoral en los últimos años e intenta aportar soluciones a los casos más sobresalientes.

El Litoral almeriense y granadino son en la actualidad los menos urbanizados de las costas Españolas. Sin embargo, también son los más amenazados al haberse convertido en el lugar hacia donde los promotores se están dirigiendo ante la falta de suelo urbanizable en otras regiones ademas del consiguiente aumento de precio que esto ha conllevado en otras zonas del litoral español. El Gobierno quiere poner freno ante esta avalancha al urbanismo salvaje que se ha desatado en la zona y pretende derribar como medida ejemplarizadora, dos hoteles que ocupan la zona marítimo terrestre de exclusión urbanística.

La provincia de Almería vive una de las mayores explosiones urbanística del Mediterráneo español. Prueba de ello es que la totalidad de los ayuntamientos situados en zonas costeras de la costa, sin importar ni credo, ni color del partido que ostenta su gobierno, tienen aprobados con el beneplácito de la Junta de Andalucía, proyectos que prevén decenas de miles de nuevas viviendas en sus municipios. Las antaño zonas agrestes con problemas en el suministro de agua dulce ha cambiado mucho. Hoy las grúas compiten con los invernaderos y el idilio virgen comienza a ser un vago recuerdo.

El actual desarrollo agro-turístico e industrial que sufre algunos puntos del litoral almeriense, está generando un rápido deterioro de las condiciones medioambientales del mismo sufriendo agresiones que en muchos casos son irreversibles o de difícil corrección. Como ejemplo de esto es el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, que en la actualidad cuenta con 11.000 habitantes y planeó la construcción de 145.000 nuevas viviendas que albergarían a un mínimo de 300.000 personas. Desde el ministerio se explica que el planeamiento urbanístico debe ser más restringido y enfocado a poder afrontar su sostenibilidad a largo plazo.

Se propone trasladar la fábrica de antibióticos que existe sobre la playa en el municipio de Villaricos así como la cementera de Carboneras. También se pretende demoler el hotel nudista “Vera Playa” que invade dominio público marítimo terrestre, ocupando incluso la misma playa. Para el hotel “El Palmer” y los apartamentos de este complejo, que se encuentran directamente sobre la playa en el municipio de Enix, la propuesta va encaminada a la expropiación.

Ante el revuelo que han suscitado los anuncios de demolición, la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, tranquilizó ayer puntualizando que en la mayor parte de los casos, las demoliciones sólo se podrán hacer con la colaboración de las comunidades autónomas. No obstante, los dos hoteles, si son competencia exclusiva del Gobierno y por lo tanto pueden llevar a cabo las medidas propuestas sin consenso de la autonomía en cuestión.

El informe critica asimismo el planteamiento urbanístico propuesto para los 75 kilómetros de litoral del Parque Natural del cabo de Gata. El excesivo turismo de segunda residencia y la estacionalidad de los visitantes, están consiguiendo frenar la actividad turística en el Cabo de Gata. Sin embargo el informe destaca que el parque natural tiene enemigos en el Ayuntamiento de Carboneras y en el de Níjar, donde se tiene una visión negativa de la normativa del parque al considerar que es perjudicial para el desarrollo industrial y urbanístico de la comarca y por lo tanto negativo para su economía.

El diagnóstico de la situación en Andalucía está transformandose en un problema para el Gobierno por su ataque al planeamiento que se está desarrollando en lugares como Murcia o Valencia, sin embargo voces críticas afirman que no entienden porque apenas se menciona nada sobre el desarrollo urbanístico de zonas de Andalucía como por ejemplo Málaga.

La situación no es mejor en Granada, la provincia costera con menos litoral, 81 kilómetros. Como ejemplo podemos poner al municipio de Almuñécar que ha crecido un 18% en cinco años. Otros pueblos, como Rubite, que tenía 468 habitantes en 2006, tiene previsión de construir alrededor de 3.500 viviendas durante la próxima década. En las poblaciones de Albuñol y Sorvilán, situadas en frontera almeriense de la provincia, se pretende recuperar los dominios públicos y las servidumbres de tránsito costero que en la actualidad se ven invadidas por invernaderos.

Almuñécar es la localidad con más irregularidades detectadas, según el documento presentado por Medio Ambiente y la que desarrolla el modelo urbanístico más conflictivo de toda la provincia de Granada. La Junta de Andalucía mantiene abiertos en la actualidad al menos 59 expedientes que persiguen excesos de edificabilidad, licencias irregulares o modificaciones en los PGOU que se encuentran fuera de la legalidad.

En el tramo costero granadino se prevé, por parte del ministerio, la liberación de ocupaciones mediante la expropiación y la posterior demolición de un hotel ubicado en la playa de Pozuelo así como recuperar servidumbres de protección que se ven invadidas por un chiringuito en la playa del Capitán.

Ya en el límite con la provincia de Málaga, junto al paraje natural de Maro-Cerro Gordo se denuncia que se ha cortado el paso a la playa de Calaiza, que ha quedado privatizada ilegalmente en beneficio de una urbanización ubicada a la entrada de la misma.